TESIS: INMOVILIZACIÓN BANCARIA, EL ART. 156-BIS DEL CFF NO VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES.

En esta ocasión quiero compartir con ustedes la siguiente tesis aislada emitida por la Primer Sala de la Corte, se encuentra pendiente de publicar. 

Mas allá de la interpretación de la norma, el criterio emitido justifica la actuación de las autoridades fiscales sobre los derechos de particulares, bajo la premisa que de éstos últimos, en su caso, tienen la posibilidad  de interponer medios de defensa.

Por lo que el acto que inmoviliza las cuentas bancarias de los contribuyentes, por si mismo, no representa una violación a derechos fundamentes cuando se lleva a cabo en atención al artículo 156-Bis del CFF, aún y cuando éste, por ejemplo, no resulte aplicable, pues el juzgador en atención a una presunción juris tamtum, considerará que se han respetado los derechos de audiencia previa, correspondiendo al quejoso demostrar lo contrario. Es decir, demostrar la inexistencia de lo inexistente.  

TESIS AISLADA CXXIV/2014 (10a)

INMOVILIZACIÓN DE DEPÓSITOS BANCARIOS. EL ARTÍCULO 156-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.

El citado precepto, que prevé el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o
de inversiones y valores, sin contemplar la notificación al contribuyente del inicio del procedimiento referido, no vulnera el derecho fundamental de audiencia previa reconocido por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la aplicación de lo previsto por el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación se actualiza una vez que el contribuyente se niega a pagar un crédito fiscal o no lo garantiza, es decir, YA EXISTIÓ EL ACTO DE AUTORIDAD PREVIO QUE ESTABLECIÓ SU SITUACIÓN JURÍDICA, específicamente, la determinación del crédito fiscal, por lo que es innecesario volver a notificarle tal situación, además, el citado
numeral establece la obligación de la autoridad de notificarle una vez que ha iniciado el procedimiento con las instituciones financieras. Lo anterior es así, toda vez que el acto de autoridad privativo –crédito fiscal– ya fue notificado, y sólo resta su pago o, en su defecto, que el crédito se garantice cuando se trate de casos en los que se interpone un medio de defensa en su contra,
esto es, la afectación patrimonial sufrida por el sujeto se da cuando el crédito fiscal se determina, en virtud de que ahí surge el derecho del Estado para cobrar los importes determinados al contribuyente; de ahí que el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios implica la materialización de dicho derecho ante la ausencia del cumplimiento del pago o de la garantía y, por ende, la aplicación de la facultad económico coactiva está justificada en la necesidad que el Estado tiene de afrontar los gastos indispensables para satisfacer las necesidades colectivas o sociales. Por tal razón, los actos que constituyan la exteriorización de dicha facultad pueden emitirse por la autoridad fiscal sin que ésta deba sujetarse al citado derecho fundamental, porque, en relación con dichos actos, al estar dirigidos a hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, debe prevalecer la subsistencia del Estado y sus instituciones por encima del derecho de los particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden impugnar el acto de que se trate una vez que tengan conocimiento de éste mediante los recursos y juicios procedentes.

Amparo en revisión 461/2013. **********. 27 de noviembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce. México, Distrito Federal, veinte de marzo de dos mil catorce. Doy fe.

e-Book: La Ley de Amparo 2013 - Comparada, concordada y comentada.

Con motivo de la reciente publicación y entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo, varios colegas me han solicitando información al respecto, algo que vaya más haya de simples comentarios generales, pues en línea podemos encontrar gran información al respecto, sin embargo, la gran mayoría son artículos periodísticos que, si bien es cierto, han hecho una gran labor en la difusión de este cuerpo legal, la información que en ellos se nos proporciona, por obvias razones, no son suficientes para quienes necesitamos analizar esta nueva e importante legislación desde puntos de vista profesionales y académicos, es decir, abogados y estudiantes de derecho y de otras ciencias relacionadas.
(Continúa...)

Nueva Ley de Amparo - Texto

En esta ocasión comparto el dictamen que contiene el proyecto de la nueva Ley de Amparo aprobada por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República el pasado martes, y que como sabemos dicha aprobación fue reiterada por el Pleno del Senado al día siguiente, el miércoles 20 de marzo.

Este Dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal (@EPN) de acuerdo a lo establecido en la constitución federal, por lo cual, el titular del poder ejecutivo tiene 30 días naturales  para emitir (continua...)

AUTORIZADO EN EL JUICIO ANTE EL TFJFA NO PUEDE PROMOVER AMPARO DIRECTO

¿REALMENTE CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO?

Hoy comparto con ustedes una Tesis Jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que se encuentra pendiente de publicar ya que fue recientemente emitida, el pasado ocho de agosto dos mil doce en sesión privada, cuyo tenor literal es el siguiente:

TESIS PENDIENTE DE PUBLICARSE

AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).

El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria.

Solicitud de modificación de Jurisprudencia 5/2012.- Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.- 16 de mayo de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

Grosso modo, el nuevo criterio de la SCJN indica claramente que las demandas de amparo directo exclusivamente podrán ser promovidas por aquel gobernado con carácter de actor en el juicio contencioso administrativo, limitando de forma expresa al autorizado para interponer el juicio de amparo, ello derivado de la interpretación de la reforma constitucional del artículo 107, fracción I, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2011 (ver) en relación los artículos 13 de la Ley de amparo y 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Respecto al fondo de lo contenido en esta tesis, estoy particularmente de acuerdo, toda vez con que con el presente criterio se está dando certeza al gobernado sobre el status de su caso, es decir, el  autorizado deberá indudablemente comunicar al contribuyente cuando la Sala del Tribunal Fiscal haya emitido sentencia a efecto de promover, en su caso, el juicio de amparo directo; pues como sabemos es común que el particular no conozca de esta circunstancia sino hasta concluido el juicio de amparo y los recursos que en su caso hayan procedido.

El problema  que identifico con la emisión de esta jurisprudencia es de carácter procesal, ya que en aplicación estricta del criterio contenido en ella, los tribunales colegiados podrán desechar aquellas demandas de amparo directo que hayan sido promovidas y firmas por los autorizados en el juicio que precedió, es decir, por aquellos señalados como autorizados por los contribuyentes en el juicio contencioso administrativo.  

COMENTARIOS A LA SENTENCIA

QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA TENENCIA VEHICULAR EN NUEVO LEÓN. 

Como habíamos expuesto en días anteriores, en el estado de Nuevo León un Tribunal Colegiado concedió el amparo a la empresa PepsiCo Internacional de México en contra del impuesto denominado Tenencia Vehicular, siendo el efecto de dicha sentencia sustraer al gobernado de la aplicación de este graven, por lo cual no deberá volver a pagarlo y se le reintegrarán las cantidades que por este concepto haya erogado.


El motivo por el cual se otorgó la protección de la justifica federal fue por violaciones al artículo 31, fracción IV de la Constitución federal, pues se transgrede la “garantía” de equidad tributaria, según los propios términos del Colegiado; pues particularmente no considero que la equidad tributaria sea un garantía, en todo caso es uno de los principios constitucionales de las contribuciones.

A efecto de no abundar en lo que en la sentencia se establece claramente, evitaré citar y transcribir artículos en la medida  de lo posible a efecto de no multiplicar en situaciones que podrán analizar de mejor manera en el fallo del Tribunal Colegiado.

La violación constitucional se actualiza en atención a que el congreso neoleonés al pretender “transformar” el impuesto federal a uno de aplicación local omitió cumplir con la obligación de exponer al menos el por qué se fincaba en iguales términos que los previstos en la normatividad federal, así como de dar razones por las cuales justificaba el trato preferencial a determinado grupo de contribuyentes y a otros no; siendo que debió haberlo hecho en la exposición de motivos, en los debates legislativos correspondientes o incluso, excepcionalmente, en el propio contendió de la norma cuestionada.

Así es que no se advierten, en el proceso legislativo ni en la propia ley, consideraciones objetivas que justifiquen  el trato diferenciado  y preferencial que se le otorga a los tenedores o usuarios de vehículos tipo “Pick Up”  respecto del resto de los gobernados que se encuentran sujetos a este gravamen. Por lo cual los artículos 122, 132 y 133 de la Ley de Hacienda del Estado de nuevo León que contienen elementos el impuesto citado y que otorgan un trato especial los tenedores de camionetas pick up sin que exista motivo alguno para tal efecto se colocan en una posición ventajosa respecto del resto de los contribuyentes sin que exista justificación de tipo alguno, como puede ser un fin extra fiscal o de apoyo a determinado grupo social de carácter vulnerable.

INICIATIVA DE REFORMA AL JUICIO DE AMPARO

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6.1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el amparo social.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el amparo social.

Artículo Primero. Se modifica la fracción I y se adiciona la fracción II recorriéndose las subsecuentes, del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con los derechos sociales, económicos, culturales, el patrimonio y el espacio de la nación, la seguridad y salubridad públicos, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución y los tratados.

III. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

IV. Por leyes o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo Segundo. Se adicionan un apartado A y un apartado B al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen las leyes, de acuerdo a las bases siguientes: