DEMENCIA ANTE EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA

¿Recurso de revocación o Demanda de Nulidad? Como sabemos el Código Fiscal de la Federación establece que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo si optamos por el medio administrativo y no obtenemos una resolución favorable a nuestros intereses nos encontramos en aptitud de acudir al tribunal fiscal a demandar la nulidad tanto del acto primigenio como de la propia resolución administrativa, así lo dispone el artículo primero del la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación que no se habían planteado en el recurso administrativo, esto es lo que constituye precisamente el principio de litis abierta.

La aplicación de este principio es de explorado derecho, sin embargo, también es conveniente precisar que incluso los órganos que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado al respecto, reiterando lo que establece expresamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al disponer, literalmente, en su artículo 1º segundo párrafo: “Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso”.

No obstante lo anterior, las administraciones encargadas de la defensa jurídica del SAT han decidido ignorar tanto la ley como la jurisprudencia, es decir, fingen total demencia ante el principio de litis abierta. Aunque la anterior afirmación tal vez resulte un tanto insensata, es cierta. 

Hace no muchos días, estaba leyendo el expediente de un juicio que se lleva ante el tribunal fiscal, al estudiar la contestación a la demanda me percate de un inusual capítulo que la autoridad demandada denominó “Fijación de la Litis”, y digo que es inusual por dos consideraciones; primera, la fijación de la litis es exclusiva del órgano juzgador, el tribunal fiscal en éste caso; segundo, y más relevante, los argumentos que contiene este capítulo, en los cuales esencialmente la autoridad demandada razona lo siguiente:

“FIJACIÓN DE LA LITIS”

…

Por lo que respecta a los argumentos que hace valer en los conceptos de impugnación del ____ al ______, deberán desestimarse por inoportunos, toda vez que no los hizo valer en el momento procesal oportuno, por lo que a la fecha éstos son inatendibles, toda vez, que habiendo tenido conocimiento de las actuaciones de mi representada oportunamente, la actora no las controvierte en el recurso, por lo que deben tenerse por consentidas, ya que de atenderse, se estaría ampliando el plazo de 45 días a la actora, que únicamente utiliza el recurso de revocación, como un medio dilatorio para ampliar sus argumentos en la demanda, lo que pone en desventaja a aquellos demandantes que acuden directamente a juicio y solo hacen uso del plazo legal ya señalado para hacer  valer los argumentos que estiman procedentes, por lo que esa H. Sala debe concluir que ha precluido el derecho de la actora para hacer valer dichos argumentos.

Al respecto tiene exacta aplicación la siguiente tesis jurisprudencial:

PRECLUSIÓN. EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, Y QUE NO SE FORMULARON POR ALEGAR EL ACTOR, INDEBIDAMENTE, DESCONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.

(Lo Transcribe)

PRECUSIÓN EL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS ARGUMENTOS QUE PUDIERON ESGRIMIRSE EN UN PRIMER JUICIO DE NULIDAD O BIEN. QUE FORMULADOS, FUERON DESESTIMADOS.   

(Lo Transcribe)

Sin duda la anterior transcripción resulta desconcertante, pues  como he comentado, no importando la claridad de la ley y los criterios jurisprudenciales, la autoridad demandada incluso sale en defensa de los contribuyentes que optan por presentar la demanda de forma directa (evitando la promoción del recurso), y replica que todos aquellos conceptos de violación que no fueron expresados en el recurso administrativo no pueden ser expuestos en la demanda de nulidad, lo que sin duda constituye una falacia monumental.

A decir verdad, al leer los argumentos de la autoridad, en un primer momento, no me parecieron relevantes, sin embargo, comentándolo con un colega, me explicó que una sala (del norte del país)  del tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón a la autoridad demandada en cuanto este razonamiento y no estudió los conceptos de impugnación novedosos, es esto lo que efectivamente constituye el problema.

Algunas veces por estrategia, o porque realmente se cree que la autoridad al resolver el recurso de revocación pude concedernos la razón, es que muchos contribuyentes y litigantes optan por la vía administrativa para buscar que el acto administrativo sea revocado, sin embargo, en la mayoría de los casos esto no sucede y en consecuencia acudimos al tribunal fiscal para demandar la nulidad, y que en pleno uso del derecho que concede el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el actor puede y hace valer nuevos conceptos de impugnación, lo que a juzgar por el SAT no es correcto y le parece caprichosamente injusto.

La propuesta es tomar seriamente el nuevo razonamiento del SAT, sobre todo si consideramos que las Salas del tribunal le están concediendo la razón, evitar ignorarlas y contestarlas de forma adecuada, incluso si lo consideran viable, una buena opción pude ser el de dedicar un capítulo especial en la ampliación de la demanda o en los propios alegatos para hacer un análisis del principio de Litis Abierta que opera en el juicio contencioso administrativo y la obligatoriedad de la aplicación para las Salas.

La anterior sugerencia se realiza con el fin de evitar que las Salas del tribunal fiscal sigan emitiendo este tipo de sentencias y con el tiempo se llegue a formar un criterio asilado o incluso jurisprudencial que limiten el principio de Litis Abierta, como ha sucedido en otros casos, como por ejemplo, la obligatoriedad de las Salas del Tribunal Federal de Justica Fiscal y Administrativa de estudiar oficiosamente la competencia de las autoridades, sin embargo, como sabemos ya existe un criterio jurisprudencial que dispone que ante la omisión del estudio en cuestión al emitir una sentencia se debe presupone que la Sala considera que la autoridad es competente, sin que efectivamente se haga una análisis de dicha circunstancia.